La
inseguridad jurídica se extiende como una mancha de aceite por nuestra maculada democracia: Acordaos, pues, de la "multa" impuesta por el Ejecutivo (no desde la judicatura) a
Intereconomía por decir que estaban orgullosos de ser heterosexuales 364 días al año... o las pretensiones de la Ley Sinde o la de las normas complementarias a la Ley de Economía Sostenible, en las que se intenta cerrar páginas web desde el ejecutivo, directamente, con una mera tutela judicial simbólica... o
los intentos de multar -siempre desde el mismo Ejecutivo- por llamar "feo" a alguien...
España no se encamina hacia una dictadura.
España está ya inmersa en una dictadura desde que obedecimos los deseos de los asesinos del
11M.
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